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La historia de relaciones entre el Estado de Chile y Rapa Nui se sitúa formalmente a partir del 9 de septiembre de 1888 con la firma del Acuerdo de Voluntades entre el Estado y los jefes Rapa Nui. El capitán Policarpo Toro, enviado especial del Estado chileno, tomó posesión oficial de la isla tras la firma del documento de cesión Va’ai Honga Kaina y de proclamación Vananga Ha’aki junto al pueblo Rapa Nui y el rey Atamu Tekena. Los escritos estaban redactados en español y una mezcla de Rapa Nui y tahitiano antiguo1. Este hito, reconocido por ambas partes, estableció la cesión de soberanía de la isla en favor del Estado chileno, el que se comprometió a entregar educación y desarrollo a los habitantes de la isla, quienes mantuvieron sus derechos de propiedad sobre la tierra y los jefes Rapa Nui sus investiduras. Este compromiso dejaba atrás una serie de sucesos dolorosos y atropellos en la historia del pueblo Rapa Nui, producidos principalmente por comerciantes europeos, que abusaron y oprimieron a los habitantes de Isla de Pascua.
Entre 1916 y 1917, Isla de Pascua recibió al obispo Rafael Edwards, quien denunció públicamente la precaria situación en la que se encontraban los habitantes de este territorio. Las evidencias promovieron la dictación de una ley por medio de la cual el Gobierno debía construir una escuela en la isla y un lazareto para los leprosos. Asimismo, se estableció que Isla de Pascua dependería de la Dirección del territorio marítimo de Valparaíso, rigiéndose a las autoridades, leyes y reglamentos navales.
En 1936, los terrenos fiscales quedaron bajo tuición de la Armada de Chile, restringiéndose parte del poder de la creada Compañía Explotadora, la que fue suprimida en 1953 a través del Decreto Supremo N°1336 que dio término al contrato de arrendamiento y entregó la administración de la isla a la Armada de Chile.
A fines de 1964, la isla estaba sometida a ordenanzas navales. Durante esos años se generaron una serie de protestas que reclamaban contra el estado actual de Isla de Pascua y sus habitantes, en el que muy pocos habitantes sabían leer y escribir. El pueblo rapa nui conformó un movimiento de resistencia, liderado por Alfonso Rapu, para presentar su malestar ante el Estado de Chile.
“No éramos reconocidos como chilenos, éramos simplemente marcados con un número, no teníamos participación de ninguna forma en la vida nacional…hice una carta y se la mandé al Presidente de la República, en ese tiempo Eduardo Frei Montalva, y se produjo el problema porque la administración en la isla no quería que se viera esa realidad en el continente. Entonces me acusaron de sedicioso, de revolucionario, tuve que esconderme en las cavernas, pero tuvo buen final. La ley Isla de Pascua y todas esas cosas se deben a eso” (Alfonso Rapu, Julio de 2017).
Como respuesta a estas demandas, el gobierno dictó la Ley Nº16.441, conocida como Ley Pascua. Este es uno de los hitos más importantes en la historia de relaciones entre el Estado chileno y el pueblo Rapa Nui. Durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, gracias a esta legislación, el vínculo administrativo entre el Estado de Chile y las personas que vivían en la isla progresó positivamente, pues se creó el Departamento de Isla de Pascua en la Provincia de Isla de Pascua y se reconocieron los derechos civiles a sus habitantes con la entrega de la ciudadanía chilena. Además, se instauró una administración civil, traspasando la gestión de la isla a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y se instalaron en el territorio insular diversas reparticiones públicas como el Ministerio de Justicia, de Obras Públicas, de Bienes Nacionales, Carabineros de Chile, Banco del Estado, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), entre otros. Así también se iniciaron los primeros vuelos comerciales a la isla el 3 de abril de 1967, lo que incluyó la construcción del Aeropuerto Mataveri. Esta conexión aérea facilitó el apoyo del Estado de Chile y contribuyó a las comunicaciones entre la isla y el continente.
La legislación antes mencionada estableció normas para la organización y funcionamiento de los servicios públicos y la exención total de impuestos, la que se mantiene hasta hoy. Asimismo, se protegieron tierras prohibiendo la venta de éstas a extranjeros, y facultando al Presidente de la República para otorgar a personas naturales títulos de dominio en terrenos fiscales urbanos de Rapa Nui.
La entrada en vigencia de la Ley Pascua significó el establecimiento de un marco jurídico para que los siguientes gobiernos continuaran con los avances para mejorar las condiciones de vida del pueblo Rapa Nui. Tras la recuperación de la democracia, se pueden reconocer una serie de acciones que perseguían ese objetivo. En 1993, la Ley Nº19.253, conocida como Ley Indígena, estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), lo que constituyó un gran avance, siendo el marco legal más importante en la relación entre el Estado y el pueblo Rapa Nui. Esta legislación profundizó los derechos en el ámbito de la participación, garantizándola en las decisiones políticas relativas al pueblo, su desarrollo, la protección de su patrimonio cultural y arqueológico, medio ambiente y recursos naturales a través de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) y detalló las particularidades del pueblo que le permitieron ser reconocido legalmente como Rapa Nui.
En 1994, la Cámara de Diputados junto al Consejo Regional de la V Región crearon una Comisión Especial Insular con el objetivo de analizar y diseñar soluciones definitivas a una serie de problemas que aquejaban a Isla de Pascua, y en particular, para la elaboración de un plan de “Desarrollo Estratégico de Isla de Pascua a Mediano y Largo Plazo”. Asimismo, el Senado acordó fortalecer el nivel ejecutivo y local, y estudiar los distintos problemas para generar una mayor integración regional de la isla.
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, mediante el Decreto Supremo N°19 del 18 de enero de 2001, se creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por el ex Presidente de la República Patricio Aylwin. Su objetivo principal consistía en conocer la visión de los pueblos indígenas de Chile, y generar mecanismos políticos, jurídicos y sociales de largo plazo para lograr la participación y el respeto de derechos, mediante políticas de consenso global entre la sociedad, bajo el contexto democrático.
En paralelo a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, autoridades de Rapa Nui propusieron en octubre de 2002 al Ministro del Interior de la época, la creación de un grupo integrado por personalidades públicas de reconocida experiencia y vasto conocimiento de la realidad insular, con el objetivo de elaborar una propuesta de política especial para Isla de Pascua. Su objetivo primordial fue entregar al Presidente de la República una propuesta político-institucional sobre la administración en Isla de Pascua, lo que se concretó en el año 2005 en un documento denominado “Propuesta de Estatuto Especial.
Este grupo de personalidades, dirigido por el ex Presidente Aylwin, incorporó a nuevos miembros propuestos por los representantes de la isla.
